Por Ramon Mendoza S
Ciudad Victoria, Tam.- Las modificaciones que al parecer inevitablemente aparecerán en el ámbito de las leyes penales de nuestro estado son y aparentan ser una fiel copia o replica de lo que ya se ha venido haciendo en otros estados del país, entre ellos Nuevo León y Tabasco.
Jorge Manaouto Saucedo abogado constitucionalista en Tamaulipas considero que legislar en materia de “legítima defensa” por parte de los diputados locales se debe desarrollar con cautela para no dejar abierta una mala redacción de la ley penal y caer en posibles hipótesis de exceso, como una “Licencia para matar”.
“La posible ampliación de la legítima defensa tiene que tomar en consideración que nos encontramos bajo el análisis de aspectos que no se deben de confundir; El primero sería que si efectivamente la “legítima defensa” es competencia de análisis del congreso local se tome en cuenta que la “portación de una arma” es de competencia federal” asevero.
Refirió que es justificado el reclamo de organismos de la sociedad civil en el sentido de ampliar la legitima defensa debido al incremento de la comisión de delitos de homicidio y robos; sin embargo esto requiere una amplia consulta a la sociedad en general para incluir análisis de elementos como cuando se pongan en peligro realmente bienes jurídicos tutelados por la ley y exista un peligro inminente.
“Habría que revisar el efecto social que tendría también una mala información que generara zozobra al mal interpretarse que se puede privar de la vida a intrusos dentro del hogar. Así dentro de los elementos a revisión cabe apreciar lo referente a lo que señala el artículo 17 Constitucional “Nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar sus derechos”; así en tal virtud la redacción deberá de ser cuidadosa para no caer en una posible acción de inconstitucionalidad y generar excesos en la legítima defensa.
Explico que hay que recordar que el estado es garante de la Seguridad Publica y estos organismos deben de colaborar con los proyectos de la administración pública estatal en un marco de respeto a la ley.
“Los Ciudadanos debemos de contribuir en todo momento a generar condiciones de respeto a la ley fomentando una cultura de legalidad exigiendo legalidad, honradez y eficiencia a nuestras autoridades en todo momento”.
