Por Luis Enrique Arreola Vidal
En Tamaulipas, donde la transparencia es una promesa recurrente y la opacidad un sistema bien engrasado, hay una dependencia que ha perfeccionado el arte de bailar con el diablo sin que se le despeine un cabello: la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Secretaría de Administración.
Ahí, entre sellos oficiales, facturas infladas y domicilios fantasmas, se libra una guerra silenciosa entre el bueno y el malo.
De un lado, Porfirio “Pilo” González Reyes, el funcionario formal, decente e institucional, que firma lo que le ponen enfrente.
Del otro, Juan Diego Guadalupe Alemán Puga —el “rey de los moches”—, el director de facto, el operador en la sombra, quien manda, decide, negocia y, según acusan fuentes internas de la propia Secretaría, usa el poder público como negocio personal.
El buenazo y el fantasma.
A “Pilo” González le llaman el bueno porque no pelea, porque evita el conflicto.
Pero en la estructura del poder, el que calla otorga, y el que firma, responde.
Mientras tanto, Juan Diego Alemán Puga, sin cargo visible ni firma en los contratos, actúa como dueño de la Secretaría de Administración, decidiendo quién cobra, quién factura y quién “gana” las licitaciones.
Fuentes internas lo describen como un excontador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que pasó de una “pequeña oficinita” polvorienta en el IPSSET a controlar las compras, operando a través de auxiliares como Miguel Ángel Anaya Ramírez y favoreciendo a proveedores específicos en rubros como equipo de cómputo (empresas como ANTHÓN y MARÍA CRISTINA), fumigación (JULIO CÉSAR) o suministros generales (Castor Hogar y Seguvic).
En los archivos oficiales de la Secretaría, consultados por mí, aparece una cadena de contratos adjudicados directamente o por invitación, algunos con montos millonarios, a empresas con domicilios no verificables o sin historial comercial sólido.
Por ejemplo, el Contrato DGYOP/080/2025, un procedimiento de solicitud de tres cotizaciones por correo electrónico para la adquisición de papelería y útiles de escritorio (recurso estatal), con un monto subtotal de $1,499,684.85 (más IVA), firmado por la secretaria Luisa Eugenia Manautou Galván, con intervención de Héctor Joel Villegas González y C.P. Antonio Montoya Ramírez.
Este contrato incluye un anticipo del 50% y entrega en plazos, pero su adjudicación discrecional por cotizaciones electrónicas abre la puerta a manipulaciones.
Otro caso emblemático es el Concurso Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 0081/2025 (Solicitud No. 10010176), para la adquisición de prendas de protección en la Secretaría General de Gobierno, con un presupuesto disponible de $1,806,488.33 (incluyendo IVA).
Los proveedores invitados incluyen a Felipe de Jesús Cruz Flores (Limpieza Pública, Col. Ampl. Pepenadores M6-L25, C.P. 87085, Victoria; Tel. 834 117 73 23), un proveedor individual con domicilio en una colonia de bajos recursos, conocida por sus locales humildes y sin indicios de oficinas corporativas al verificar físicamente —cerca de áreas como la Central de Autobuses, pero en un entorno que no sugiere operaciones empresariales formales.
Edith Wilches Rodríguez (Angel Gomes, Col. Manuel R. Díaz 316, C.P. 89515, Madero; Tel. 833 849 73 32), también individual; Safety Spot S.A. de C.V. (Av. Altamira 1106, Col. Monte Alto, C.P. 89606, Altamira; Tel. 833 213 08 76), una empresa establecida con presencia en línea y contratos previos; 22 27 y Abastecedora ABC S.A. de C.V. (Lluvia 808, Fracc. Comercial 2000, C.P. 87099, Victoria; Tel. 834 149 39 80), registrada en padrones desde 2013 con historial en licitaciones.
En el Acta de Fallo del 27 de junio de 2025, Safety Spot no cumplió técnicamente, y se adjudicó a Abastecedora ABC por $1,220,354.80 (más IVA de $195,256.77, total $1,415,611.57), con entrega en 30 días, firmado por Porfirio González Reyes.
Aunque algunos proveedores como Safety Spot y Abastecedora ABC tienen historial verificable, la inclusión de individuos con domicilios humildes y sin infraestructura evidente, como el de Cruz Flores en Col. Ampl. Pepenadores —una zona de recolectores y locales modestos—, encaja con las denuncias de empresas “fantasmas”.
Al acudir físicamente, solo había residencias y pequeños comercios, sin letrero, oficinas ni empleados.
Llamamos al número telefónico: jamás contestaron. Búsquedas de antecedentes comerciales revelan registros en padrones estatales, pero no páginas web corporativas ni contratos previos significativos.
Pero los contratos están sellados, firmados y pagados.
¿Quién los aprobó? “Pilo” González.
¿Quién los ordenó? Todos dentro saben la respuesta: Juan Diego Alemán Puga.
El poder sin firma.
El detalle más perverso es que el verdadero poder no firma nada.
En estos contratos aparece la rúbrica de Porfirio González y, en casos como DGYOP/080/2025, la de la propia secretaria Manautou, pero jamás la de Alemán Puga, aunque —según fuentes internas— es él quien dicen negocia cada centavo, aprovechando su supuesta cercanía con ella.
Un operador que no figura en los documentos, pero domina las decisiones; un tipo que, con la prepotencia del que se sabe intocable, tiene aterrados a funcionarios, proveedores y subordinados.
No hay correo oficial ni línea jerárquica que lo respalde, pero su palabra se ejecuta más rápido que cualquier oficio.
A eso, en el lenguaje de la corrupción administrativa, se le llama usurpación de funciones.
El contrato maldito.
Estos documentos —registrados en el portal de transparencia estatal y corroborados en la Plataforma Nacional de Transparencia— muestran con claridad el sello de la Secretaría y la firma de “Pilo”, pero ningún rastro del operador que movió los hilos.
Se convierten así en piezas de papel con olor a pólvora administrativa: legales en la forma, pero corruptos en el fondo.
Si se confirmaran las irregularidades, las consecuencias legales caerían sobre “Pilo”, el firmante visible, mientras los beneficios se quedarían en manos de Alemán Puga, el fantasma con rostro de funcionario y alma de coyote.
El patrón detrás del telón.
La pregunta que retumba en los pasillos de la Secretaría de Administración es una sola: ¿Quién protege a Juan Diego Alemán Puga?
Porque nadie, absolutamente nadie, tiene ese nivel de control sin cobertura política.
¿Actúa por cuenta propia o bajo el amparo de un padrino mayor dentro del gabinete?
¿Y por qué la secretaria Luisa Eugenia Manautou ha permitido que este personaje maneje la dependencia como si fuera su finca?
Tamaulipas ha visto muchas formas de corrupción, pero pocas tan descaradas como esta: una dirección paralela, operada desde la sombra, que decide sobre el dinero público sin responsabilidad jurídica ni rendición de cuentas.
El costo de la decencia.
“Pilo”, el buenazo, el institucional, puede terminar siendo el chivo expiatorio de un sistema diseñado para que los corruptos siempre ganen.
Porque en Tamaulipas, ser decente no protege: te hace vulnerable.
Y mientras la Secretaría de Administración no rompa con este pacto oscuro, cada contrato firmado es un eco más del saqueo.
El silencio del poder.
En los gobiernos, los verdaderos escándalos no hacen ruido: se esconden entre firmas, sellos y expedientes.
Pero cuando el dinero público se esconde detrás de nombres falsos, domicilios inexistentes y operadores sin cargo, ya no hablamos de irregularidades: hablamos de crimen administrativo.
Y si la Secretaría de Administración no responde, la Fiscalía tendrá que hacerlo.
