Agencias
“Salir del closet!”, ha sido una de las expresiones más comunes para referirse de manera particular a los hombres que tienen preferencia sexual por otro hombre, quienes, ante el miedo al rechazo o la burla social, se han visto obligados a ocultar su sexualidad y sus sentimientos sin poder —como el resto de las parejas heterosexuales— hacerlos públicos.
En el caso de las mujeres la manifestación pública de la sexualidad en relación con otra mujer tradicionalmente ha sido menos problemático; dos mujeres caminando por la calle tomadas de la mano o aun abrazándose pasan inadvertidas aún para los núcleos más conservadores de la sociedad.
Ellos y ellas, sin embargo, en la mayoría de los casos han tenido que ocultar su amor o sus afectos y preferencias sexuales, ante el temor de ser sujetos de discriminación, burlas, y hasta agresiones verbales y aun físicas. Una discriminación expresada, entre muchas formas, en la adjudicación de calificativos peyorativos y rechazo social y laboral, que en no pocas ocasiones comienza en el seno familiar.
En esta atmósfera de segregación, la oposición a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto —presentada el 17 de mayo pasado— para legalizar los matrimonios igualitarios (entre personas del mismo sexo) se recrudece, atizada por los segmentos sociales más conservadores, en particular jerarcas de la Iglesia católica y de otras denominaciones religiosas.
La iniciativa nada tiene que ver con asuntos de religión, sino con el reconocimiento de derechos que tienen todas las personas, incluidos los homosexuales, a formar familias, y con el acceso a la totalidad de derechos y obligaciones que ello conlleva.
La propuesta del Ejecutivo, argumenta uno de los principales opositores, el arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera, atenta contra la figura de la familia.
La unión homosexual —afirma— no puede ser elevada a figura de matrimonio, porque ésta es exclusiva de la unión entre un hombre y una mujer, con fines de procreación.
DERECHOS LEGALES. No obstante tales criterios, reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo brindaría de manera general certeza jurídica y social, en diversos aspectos, tal como sucede con cualquier matrimonio heterosexual.
En materia de salud, por ejemplo, uno a otro de los cónyuges podría asegurar al esposo o la esposa a los servicios médicos del IMSS o ISSSTE, como ya ocurre aunque poco se ha difundido. Además, poder obtener créditos para vivienda de interés social, mediante la unión de los que cada uno tiene en su cuenta individual, con el fin de lograr un crédito mayor, mancomunado.
Las parejas heterosexuales casadas tienen derecho a visitarse mutuamente en hospitales y tomar decisiones médicas en nombre del cónyuge, en casos de emergencia. Sin embargo, las parejas homosexuales no pueden tomar ese tipo de decisiones, e incluso algunos hospitales niegan información a este tipo de cónyuges, al no ser reconocidos como familiares.
FAMILIAS HOMOSEXUALES. El rechazo a este tipo de uniones no es asunto menor. Datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2010 refieren que de los casi 26 millones de familias que había en todo el país, casi uno por ciento estaban integrado por parejas del mismo sexo.
Es decir, poco menos de 230 mil familias estaban conformadas por parejas homosexuales, de las cuales casi las tres cuartas partes —unas 172 mil— eran familias de parejas homosexuales y con hijos, en tanto que las parejas lésbicas eran más comunes que las gays.
En el estudio “Con Quién vivimos los Mexicanos”, de las investigadoras Cecilia Rabell, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Edith Gutiérrez, del Colegio de México (Colmex), detectó que en 2012 existían 57,040 hogares integrados por parejas del mismo sexo.
El tema de las parejas homosexuales, la adopción de niños y el acceso a servicios de salud, no son temas que se pueden ignorar, sostienen en el estudio.
Si en 2010 existían en el país 230 mil parejas homosexuales, la pregunta es ¿cuántos de ellas tienen acceso a servicios de salud, así como el hecho de que los hijos de esas parejas (172 mil matrimonios con hijos ese año) pudieran estar siendo víctimas de discriminación u homofobia en sus escuelas.
A seis años de que en la Ciudad de México se legalizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo, hoy suman ya nueve entidades federativas en donde las sociedades de convivencia, son legales: Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Campeche, Michoacán, Morelos y Colima.
AVANZA LA LEGALIZACIÓN. A nivel mundial, el reconocimiento legal de las uniones homosexuales avanza desde que en 2000 Holanda se convirtió en el primer país en aprobar la unión legal entre parejas del mismo sexo.
Paulatinamente los países se han sumado hasta contabilizar 24 en la actualidad, entre ellos México. Otros son Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Luxemburgo, Noruega, Irlanda, Suecia, Portugal, Grecia, Inglaterra, Gales, Escocia, Islandia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Brasil, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Colombia.
A pesar de esta apertura a nivel internacional, en distintas culturas e ideologías, en las que se ha vencido todo tipo de discriminación a estas uniones, en México crecen las resistencias a la igualdad por parte de sectores vinculados con las iglesias.
Entretanto, millones de mexicanos se hallan en vulnerabilidad, enfrentan distintas formas de exclusión, discriminación y negación de acceso pleno a sus derechos fundamentales, lo que en la vida diaria se traduce en diversas formas de violencia y marginación en los ámbitos sociales, culturales, religiosos, laborales, legales y políticos.
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