Habrá consecuencias legales: FJGT
Patricio Lerma
Luego de las llamadas falsas que realizaron sobre supuestas bombas en edificios públicos de la capital del Estado, que realizaron una motivación de cuerpos de seguridad, el Fiscal General, Irving Barrios Mojica, informó que ya cuentan con el nombre y rostro de los “bromistas”, uno de ellos ya declaró ante el Ministerio Público y aceptó su responsabilidad.
“Ya hay dos personas identificadas, de una salieron varias llamadas, ya fue ubicado su nombre y físicamente, de hecho una se integra el expediente para en próximas fechas llevarlo ante la autoridad judicial”.
Señaló que las primeras investigaciones revelan que los responsables no tenían ningún interés político o pertenecen a algún partido, como denunciaron diferentes autoridades del Estado y del Congreso Local.
Detalló que solicitarán una audiencia para que los responsables comparezcan y sea el Juez quien determine su sanción que va desde meses en prisión, trabajo comunitario o hasta siete años en la cárcel.
“Este delito no puede quedar impune, si es un delito, parece que la gente lo toma como una broma a la ligera pero no es así, son varias las llamadas que se realizan de broma y que movilizan, a las fuerzas de seguridad estatales y federales”.
Aseveró a dar con los responsables, aparte de hacer que paguen su pena por por ilícito que cometieron muestra el ejemplo de que no pueden quedar impunes, este tipo de hechos.
“Se saben quienes son, nombre y cara, si no comparecen, sale la orden de aprehensión, por la naturaleza del delito, primero comparecen ante el juez, para que decir porque lo hicieron, el juez determinará su sanción”.
Confirmó de no seguir los procesos de ley, pudieran tener una pena maxima de hasta siete años de prisión, que es el máximo que señala el codigo penal, detalló.
“De entrada podría decirse que no es tema político pero nada se descarta en este tipo de hechos, pero en uno de los casos que es el que tenemos mas cerca, podemos decir que fue un tema de una mala broma porque ya lo hizo saber ante el ministerio público, porque cometió una ilegalidad”.
