Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez, desmintió los rumores sobre su posible salida del gabinete del gobernador Américo Villarreal Anaya, calificándolos como noticias falsas. Durante el fin de semana, mientras desempeñaba funciones en la frontera, surgieron especulaciones sobre su renuncia, pero Chávez aclaró que continúa en su cargo y satisfecho con el trabajo realizado, aunque destacó el estrés inherente a su responsabilidad.
Chávez destacó los avances en la estrategia de seguridad implementada en Tamaulipas, subrayando la contención de la delincuencia común y el descenso en los índices delictivos. Sin embargo, reconoció que el crimen organizado sigue representando un desafío para el estado. “Aunque corresponde a instancias federales, no podemos darle la espalda a la sociedad tamaulipeca”, afirmó, refiriéndose a los enfrentamientos y agresiones que han sufrido las fuerzas de seguridad.
El secretario también se refirió a la reunión que mantuvo con el nuevo secretario de Seguridad Pública federal, donde se discutieron estrategias para continuar con la colaboración y fortalecer la seguridad en la frontera norte de Tamaulipas. Como parte de los proyectos estratégicos, mencionó la construcción de 15 estaciones carreteras seguras, cuyo objetivo es recuperar la tranquilidad y la transitabilidad en la región fronteriza, desde Nuevo Laredo hasta Playa Bagdad.
Respecto al reclutamiento de la Guardia Estatal, Chávez informó sobre los desafíos que enfrenta el estado para incrementar el número de elementos, debido a las difíciles condiciones de riesgo que disuaden a algunos candidatos. A pesar de haber reclutado a más de 1,200 elementos en lo que va de la administración, no se ha logrado alcanzar la meta de 4,500 efectivos. La proyección es cerrar la administración con unos 6,000 elementos para mejorar la seguridad en el estado.
Finalmente, Chávez comentó que actualmente hay 31 escoltas asignados a exfuncionarios, incluyendo 23 al exgobernador y 8 al exsecretario Verástegui, además de servicios asignados a jueces, periodistas y otras víctimas que requieren protección.
