Ciudad de México.- De acuerdo a información publicada en un medio nacional se establece que personal del Instituto Nacional de Migración (INM), el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón ocultó información que involucraría a agentes de este organismo con el crimen organizado, destacando las masacres del 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
Al llevarse a cabo las pesquisas sobre los asesinatos de inmigrantes se descubrió había agentes involucrados en el secuestro y entrega de migrantes al crimen organizado, periodo en que el INM estaba encabezado por los ex diputados panistas Cecilia Romero y Salvador Beltrán del Río.
Durante la investigación por las masacres en San Fernando, Tamaulipas, la PGR descubrió que el 4 de abril de 2011 personas que se identificaron como agentes del INM interceptaron un autobús en Altamira, Tamaulipas, donde hicieron descender a los salvadoreños Gingli Esaú Ortiz Melgar y Douglas Coronado Flores Guevara.
Según informes, el 11 de abril de 2011, efectivos del Ejército rescataron a los tres centroamericanos y fueron detenidos en flagrancia a los secuestradores Juan Carlos Segura Rivera y Marcos Alvarado Domínguez, en Tampico.
Se dio a conocer que Mónica Moctezuma detenida el pasado 19 de abril confesó que hizo retiró 13 de depósitos en diferentes cadenas comerciales que enviaban familiares de los secuestrados para que estos fueran liberados.
Moctezuma señala que recibía instrucciones de un tal Víctor Reséndiz ‘‘El Peludo’’ o ‘‘Papá Pitufo’’, asimismo reconoció al detenido Juan Carlos Segura y a un agente de Migración, lo que ocasionó que el mismo día fueran detenidos José Luis Jiménez Avendaño, Ramón Iván Gloria, Roberto Hernández González, José Manuel Sánchez, Moisés Pérez y Vicente Alberto Rosas, elementos del instituto que depende de la Secretaría de Gobernación.
Todos fueron detenidos y sometidos a proceso porque las víctimas lograron identificarlos, pero el gobierno nunca lo mencionó en las comunicaciones oficiales sobre el caso, también se desconoce si la pasada administración panista continúo con una línea de investigación que involucraba a más trabajadores de Migración.
Existen documentos de la PGR por el caso San Fernando, que avalan la participación de los agentes migratorios en estos sucesos, que indican que se giraron 85 órdenes de aprehensión contra miembros del crimen organizado, policías municipales y agentes migratorios.
Según testimonio de uno de los involucrados en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, se pedían mil 200 dólares de rescate por cada secuestrado; de no ser pagada esta cantidad se ejecutaba al migrante.
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