Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas aseguró que no existe evidencia alguna dentro de los expedientes judiciales que vincule al hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya con presuntas solicitudes de pagos indebidos o “moches”, en el marco del litigio que mantiene con la empresa Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V.
Durante una conferencia de prensa, el consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que el caso continúa en proceso ante diversas instancias jurisdiccionales, por lo que no puede ser litigado en medios de comunicación, y subrayó que toda acusación debe estar sustentada con pruebas dentro de los procedimientos legales correspondientes.
El funcionario explicó que, tras más de tres años de litigio, no existe en los expedientes judiciales referencia, constancia o elemento probatorio relacionado con los señalamientos realizados públicamente por el empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez sobre supuestos esquemas de extorsión o solicitudes de recursos económicos indebidos.
“Una cosa son las declaraciones vertidas en entrevistas y otra muy distinta los elementos que integran un procedimiento judicial formal, donde los señalamientos deben estar respaldados por pruebas”, puntualizó.
Respecto a las versiones sobre supuestas restricciones a la movilidad del empresario, García Barrientos aclaró que no existe ninguna medida cautelar de arraigo en su contra y que mantiene plena libertad de tránsito. Precisó que la entrega de documentos migratorios como visa y pasaporte forma parte de mecanismos ordinarios de control judicial para garantizar la comparecencia del imputado durante el proceso penal.
Asimismo, rechazó que las acciones emprendidas por el Gobierno estatal constituyan una persecución política y sostuvo que la carpeta de investigación fue abierta tras detectarse presuntas irregularidades y la presentación de información falsa dentro de un procedimiento administrativo.
Detalló que la querella se originó luego de que se identificaran inconsistencias en las fechas de emisión de las fianzas relacionadas con un contrato para el suministro de despensas, situación que derivó en la rescisión del acuerdo y en posteriores acciones legales para la defensa de recursos públicos.
García Barrientos recordó que el conflicto se originó por un contrato firmado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas. Posteriormente, el Gobierno estatal rescindió el convenio al considerar que la empresa incumplió con la entrega de las pólizas de garantía requeridas.
Aunque en enero de 2025 una sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución favorable a la empresa, el Pleno del organismo revocó por unanimidad ese fallo en mayo del mismo año, ordenando la reposición del procedimiento. La determinación fue posteriormente respaldada por instancias federales mediante un juicio de amparo.
En paralelo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación de oficio el 21 de abril de 2025 por los presuntos delitos de falsedad en declaraciones e informes dados ante una autoridad y fraude procesal.
Según la Consejería Jurídica, las investigaciones revelaron una contradicción en torno a las pólizas de garantía. Mientras que en la demanda se afirmó que fueron entregadas el 15 de marzo de 2023, un informe de la institución afianzadora estableció que dichos documentos fueron emitidos y entregados en la Ciudad de México hasta el 11 de abril del mismo año.
El consejero jurídico señaló que las acciones emprendidas por el Estado tienen como objetivo defender el interés público y garantizar el correcto uso de los recursos gubernamentales.
Asimismo, informó que el pasado 3 de junio de 2026, durante una audiencia judicial, la defensa de la empresa solicitó un receso para explorar mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que derivó en una reunión voluntaria celebrada en Palacio de Gobierno.
Finalmente, destacó que, tras la rescisión del contrato con Dalka, el suministro de despensas fue canalizado mediante una institución federal, lo que permitió garantizar la continuidad de los programas alimentarios bajo mejores condiciones presupuestales para el Estado.
Como antecedente, recordó que desde mayo de 2025 funcionarios de la Secretaría de Administración habían sostenido públicamente que existían pruebas documentales que respaldaban la rescisión del contrato y señalaban presuntas irregularidades en la obtención y presentación de las fianzas por parte de la empresa contratista.
