El gobierno de Matamoros estudia la pertinencia de promover una controversia constitucional, para echar abajo el decreto sin número, de fecha 22 de septiembre, emitido por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, mediante el cual pretende usurpar el manejo de la seguridad pública municipal.
Un nutrido grupo de regidores y los dos síndicos, celebraron una reunión de trabajo el viernes 25 de septiembre, y leyeron un pronunciamiento contenido en tres páginas, donde manifiesta sin lugar a dudas, que el decreto es ilegal.
El presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública Adolfo Iván Puente Acosta se refirió al Convenio de Colaboración y Coordinación en materia de Seguridad Pública celebrado con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se cedía a este último las funciones de seguridad pública en el municipio de Matamoros.
El citado convenio fue suscrito el 17 de enero del presente año y con vigencia al 31 de diciembre; en ese sentido añadió, la tutela de la seguridad pública corresponde al Estado desde el 2013, ratificándose el convenio periódicamente.
Mencionó además, que la federación destina al municipio 20 millones de pesos anuales del programa Fortalecimiento para la Seguridad -FORTASEG-, recursos que el municipio cede al Estado para que adquiera equipo táctico, mobiliario, armamento, personal y todo lo necesario para otorgar seguridad en Matamoros.
Enseguida el secretario de la Comisión, David Alfonso Bedartes Rodríguez expresó el desacuerdo de integrantes del Ayuntamiento al citado decreto gubernamental, en donde hace referencia a que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue omisa al no intervenir en el evento que alteró el orden público, esto, agregó, porque la corporación municipal no está facultada, ni capacitada para actuar en ese acto.
En todo caso refirió, quien debió y pudo actuar, y no lo hizo fue la Policía Estatal Acreditable del Gobierno del Estado asignada a este municipio, dependencia que tuvo conocimiento de los eventos expuestos en el decreto.
Expresó que si tomar el mando de la SSP en Matamoros implica tener un cuerpo policiaco capacitado, equipado, eficiente. Honesto, y con la proximidad que se requiere para brindar seguridad a los matamorenses, es bienvenido.
Agregó, sí ese cuerpo de policía integrado, capacitado y equipado sustituye a nuestras corporaciones desarmadas y sin equipo táctico y eso redunda en más seguridad eficiente, la medida sería bien vista.
Sin embargo añadió, también de cara a la autonomía municipal, sí el decreto gubernamental no reúne los requisitos fundamentales para su validez, aún con lo que su contenido implique, desde ahora, manifestamos que se analiza la pertinencia de promover la controversia constitucional que proceda en contra del decreto que se habla para restablecer la autonomía municipal.
Nada debe estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía municipal es una calidad que tiene rango constitucional; los tribunales determinarán en todo caso la legalidad del acto, concluyó.
En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, el segundo síndico, Isidro Jesús Vargas Fernández hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se actúe de manera jurídica porque el Ayuntamiento tiene una autonomía como tal, con un convenio de colaboración firmado, pero todo pareciera agregó, que se rompe con tal convenio, se rompe el orden constitucional.
En ese sentido reiteró, estamos analizando la posibilidad de presentar una controversia constitucional en contra del decreto emitido por el gobierno del estado por considerar que transgrede el orden constitucional.
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández, emitió por su parte una Carta Abierta donde también hace hincapié en la autonomía municipal, sin dejar de reconocer la valiosa aportación del gobierno estatal en materia de seguridad pública.
Los observadores hacen notar que el decreto tiene una inocultable intención política, habida cuenta que el partido que gobierna en Matamoros es MORENA.
Otras ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo, ambas gobernadas por el PAN, también han sufrido episodios de violencia caracterizados por el bloque de calles, persecuciones y balaceras.
Y sin embargo, Cabeza de Vaca no se tomó la molestia de fastidiar a los respectivos presidentes municipales, con la implantación de decretos que según él, va a resolver el problema de la delincuencia.
Se trata a todas luces de una maniobra de segundas intenciones, porque el Gobernador panista nunca se ha interesado por ir al fondo del problema.
Ahora mismo, Ciudad Victoria sufre otro baño de sangre pero la Secretaría de Seguridad Pública no se da por enterada. El sábado fue emboscada una familia en la colonia Moderna, y dos de sus integrantes perdieron la vista instantáneamente, por balazos recibidos.
En los días previos, la ciudad capital tuvo otros episodios por separado, que costaron la vida a cuatro personas. Sin embargo, los funcionarios del ramo se hacen de la vista gorda.
Nunca ha sido un secreto que las corporaciones policiacas están infiltradas por los delincuentes e inclusive, policías estatales se matan entre sí, como ocurrió a principios de año en Ciudad Victoria, a las puertas de una tienda de conveniencia.
El problema es que no existe la policía municipal y con ese pretexto, el gobierno del Estado tiene metidas las manos en asuntos de los Ayuntamientos, en lugar de propiciar la reimplantación de este cuerpo oficial preventivo de delitos.
GOPES, antes CAIET, es un grupo armado, de élite, de Cabeza de Vaca, que ha cometido atrocidades del tamaño de una ejecución extrajudicial, en Nuevo Laredo, donde quedaron sin vida ocho personas, inocentes.
No se persigue a los delincuentes y en esas condiciones, es imposible que exista seguridad y orden para las familias tamaulipecas.
Algunos Ayuntamientos que no son manejados por el PAN, sufren el acoso político y policiaco, para rendirlos, acorralarlos, y ponerlos en la sintonía cabecista. En ese marco se inscribe el decreto del gobierno panista que es repudiado en Matamoros.
